El Gobierno nacional formalizó una denuncia penal tras los incidentes ocurridos durante la movilización universitaria del jueves 15 de octubre. La presentación del Ministerio de Seguridad contempla posibles delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. La marcha reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y autoridades académicas en defensa del financiamiento de las universidades públicas.

De acuerdo con el planteo oficial, grupos de manifestantes habrían utilizado objetos contundentes para atacar a las fuerzas de seguridad y dañar espacios públicos. La denuncia también sostiene que los disturbios podrían haber tenido como finalidad obstaculizar la actividad legislativa. El Ministerio recopila imágenes y videos para establecer quiénes participaron en los hechos.

Los enfrentamientos dejaron 25 personas detenidas y ocho efectivos heridos, según los datos difundidos por la cartera nacional. Los destrozos en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores fueron estimados en 90 millones de pesos por el Gobierno porteño. Mientras avanza la investigación judicial, continúa el reclamo universitario por el cumplimiento de la ley de financiamiento.