El Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, después de que el Gobierno de Javier Milei iniciara un arbitraje internacional para intentar frenar la explotación petrolera vinculada al proyecto Sea Lion.

Londres cuestionó la decisión argentina y afirmó que las acciones destinadas a impedir la actividad económica en las islas no representan, según su posición, un compromiso internacional responsable. También planteó interrogantes sobre la relación bilateral y la condición de Argentina como socio del Reino Unido.

El procedimiento argentino fue iniciado bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Gobierno busca impedir la explotación de hidrocarburos y el otorgamiento de nuevas autorizaciones para la utilización de recursos naturales en la plataforma continental que Argentina reivindica como propia.