La avanzada de la reforma laboral impulsada por el Gobierno llegó a la CIDH tras la presentación de sindicatos que cuestionan su legalidad. Sostienen que el paquete de medidas implica un retroceso en derechos laborales históricos.

Entre las críticas más fuertes aparece la posible flexibilización de las condiciones laborales y la reducción de protecciones para los trabajadores. Estas modificaciones ya generaron rechazo social, protestas y acciones judiciales en el país.

El recurso ante el organismo internacional busca frenar la aplicación de la reforma y abrir un canal de revisión externa. La tensión entre el Gobierno y el sindicalismo se profundiza, sin señales de un acuerdo cercano.