Una resolución judicial ordenó al PAMI saldar deudas con prestadores del área de discapacidad. El incumplimiento venía siendo denunciado por distintos sectores. La medida busca garantizar la atención a los beneficiarios.

El retraso en los pagos había afectado el funcionamiento de servicios. Prestadores alertaban sobre la imposibilidad de sostener prestaciones. La decisión judicial intenta dar respuesta a esa problemática.

El fallo pone en el centro la responsabilidad del organismo. También refuerza la necesidad de asegurar derechos básicos. Se espera que la regularización se concrete en el corto plazo.